Pocos grupos cerveceros de este país son tan creativos como los de La Buitrera. Cada mes se les ocurre un nuevo tema de interés público por tratar. En esta oportunidad, la conversación giró alrededor de la venta de lotes y de las normas de construcción.
Nadie en este pueblo conoce claramente cuáles son los derechos y opciones para venta de lotes y las normas/derechos de construcción; ni aún los derechos a conexión de agua potable. Ojalá alguna institución las oficialice. El GUATIN estará presto a publicarlos. Se supone que son diferentes para El Plan y para el Otoño, lo que suena lógico. Parecen opacas, medio secretas y bastante absurdas cuando uno logra obtenerlas y tiene el tiempo de analizarlas. Nadie aquí confía en la Administración municipal para establecer normas adecuadas a cada vereda ni en las curadurías para regir las construcciones; a fortiori si solo son “urbanas”. ¿Cuándo habrá curadurías rurales? Por esto tanta informalidad, con resultados buenos en algunos casos y caóticos en muchos otros.
Aprovechándonos del aroma etílico, nos olvidamos un poco de la situación “existente”, ya que nadie le hace caso, por algo será, y nos atrevimos a pensar y a soñar: ¿Qué queremos tener como normas para división y venta de predios y para construcción? ¿Sobre cuáles principios? ¿Cuáles fundamentos?
A finales de la noche, nos atrevimos a hacer unos planteamientos atrevidos y disruptivos:
No importe su validez jurídica y su rasgo desigualitario, a La Buitrera le sirve la propiedad privada del CLUB CAMPESTRE y de ARGOS (Cementos del Valle). Son pulmones verdes que permitieron nuestro relativo aislamiento de la urbe y nos salvaron de la invasión masiva. También nos sirvió la presencia guerrillera en la parte alta en los años 90. Suena provocador decirlo, pero así es. Los predios públicos tienen la mala costumbre de ser invadidos, con o sin la connivencia de políticos e instituciones de la gran ciudad. Si queremos proteger nuestro medio ambiente, nos sirven propiedades privadas, habitadas y vigiladas.
Una buena administración del territorio requiere un convenio público-privado. Los privados somos los habitantes, cada uno con su predio. El “público” se reparte entre Parques Nacionales, CVC y Administración municipal, ninguno de ellos realmente presente. Faltan interlocutores públicos presentes, serios, reconocidos y confiables. Podemos ayudarlos y empoderarlos, si realmente tuvieran interés. Dicho convenio debería definir las “reglas de juego” de una buena administración del predio, con incentivos y penalidades.
A saber, contar con un Estado direccionador y facilitador, pero una administración privada. Hoy en día solo existe la administración privada, en manos de cada dueño de predio, con control social de los vecinos, e intervención estatal puntual sobre pedido. Para que funcione este mecanismo, las “reglas de juego” (normas) han de ser claras, adaptadas a cada vereda, socializadas y consensuadas.
Incentivos y penalidades: En ellos recae el éxito del mecanismo.
1. Primera herramienta: el impuesto predial: Este impuesto puede reducirse en función del porcentaje de zona verde y densidad de bosque. Puede volverse hasta negativo si hay una sola vivienda para una extensión de varias hectáreas boscosas (por ejemplo). A saber: el Municipio de alguna forma “pagaría” a cada habitante rural el “servicio” de cuidado del medio ambiente. Esto sí sería “participación popular”.
2. Última herramienta: el derecho de posesión y/o de usufructo, que se puede perder en caso de no-cumplimiento.
Ejemplos de norma (para debate):
Para núcleos de más alta densidad de población (El Plan, Girasoles y los Chorros, Pueblo Nuevo): El área verde de cada lote debe ser mayor al 50% del área construida. Para el resto del territorio: definir una proporción “área verde vs área construida” según la densidad actual de población:
- Vereda del Plan: área verde 5 veces superior al área construida .
- Vereda del Rosario: área verde 10 veces superior .
- Vereda del Otoño: área verde 20 veces superior
Claro que estos cambios, así como su debida implantación y monitoreo, requieren de una alcaldía local con poder de decisión. Requiere también de una ventanilla única, ubicada en La Buitrera, con un funcionario que ayuda en vez de dilatar. A saber: una localidad con autonomía administrativa dentro del municipio de Cali o un municipio independiente. Como van las cosas, y considerando el abismo cultural entre citadinos y rurales, y el sectarismo de las administraciones municipales que quieren acabar las localidades históricas de Cali y unirlas en una gran localidad rural nueva, la balanza cae mas por el lado del municipio independiente. ¿Quién dijo que ser parte de una gran ciudad nos trae ventajas?
Se buscan otros amantes de la cerveza para proseguir con este debate.
