El 20 de enero nos llegó una carta de Ingrid Gallegos desde el correo institucional de la JAL. En esta carta ella refuta el comunicado de nuestro comité a la comunidad del 17 de noviembre 2025 en la cual presentamos nuestra preocupación sobre desvió de los recursos del presupuesto participativo previsto para la implementación de un Observatorio Ambiental Comunitario en la Buitrera.

Contexto

En 2024, en una reunión de participación ciudadana, la comunidad de la Buitrera aprobó el financiamiento de la implementación de un Observatorio Ambiental Comunitario específicamente para el corregimiento de la Buitrera utilizando fondos del presupuesto participativo de la Buitrera. Observatorios Ambientales ya existen en otras comunas de Cali, pero están siendo criticados por la comunidad por su mal manejo de parte del Dagma que ni siquiera permite la comunidad el acceso a la información. Como consecuencia se perdió el aspecto “Comunitario” de estos Observatorios: no tienen ninguna utilidad para la comunidad.

Cuando fue aprobado el presupuesto de 319 millones de pesos, empezaron las primeras reuniones donde la comunidad de la Buitrera tuvo la oportunidad de explicar al Dagma la necesidad de manejar el Observatorio a través de la comunidad para garantizar el aspecto “comunitario”.

Aunque los contratistas del Dagma que presenciaron las reuniones claramente apreciaron el manejo de la comunidad y los avances del comité del Observatorio Ambiental en el desarrollo de su plataforma, a la dirección del Dagma aparentemente no les gustó las ideas de la Buitrera y atrasaron los trámites de tal manera que la Secretaría de Planeación, en septiembre 2025, declaró inviable el proyecto del Observatorio Ambiental por los próximos años (2026 en adelante).

Mientras tanto, en julio 2025, sin avisar la comunidad de la Buitrera, el Dagma ya empezó trámites para montar un convenio con Univalle para realizar un estudio de diseño de un Observatorio Ambiental y en noviembre 2025 informó a la comunidad de la Buitrera que había tomado la decisión de utilizar el presupuesto participativo de la Buitrera para pagar parte de este convenio, sin la aprobación de la comunidad y en total irrespeto de los principios de la participación ciudadana concerniente el manejo del presupuesto participativo.

Validación de Cifras

695.4 millones para un proyecto de 3 meses donde el ejecutor (Univalle) afirma aportar 66.4 millones utilizando sus funcionarios (con su salario del estado ya pagado) genera sospechas de desvío indebido de recursos públicos.

66.4 millones es un monto muy generoso para 3 meses de diseño (de hecho: solo 38 días calendario de trabajo después de la reunión de inicio – 27 días hábiles) y no existe justificación alguna para el saldo de los 695.4 millones.

Desvío de Fondos

Ingrid Gallegos informa correctamente: … El uso de estos recursos para realizar estudios de diseño que den soporte técnico a una inversión mayor es un procedimiento administrativo estándar y no constituye desvío”, “siempre que el objeto coincida con la necesidad priorizada”.

La comunidad aprobó el uso del presupuesto participativo para su necesidad de implementar un Observatorio de su conveniencia y no para un estudio de diseño de otro Observatorio de la preferencia del Dagma o de Univalle para lo cual no existe necesidad en la comunidad de la Buitrera, porque ya tienen claro el diseño de su Observatorio. Dagma no tiene autorización de asignar fondos del presupuesto participativo sin alguna participación de la comunidad y para propósitos no aprobados por la comunidad. Si Dagma realmente quiere invertir en otro tipo de Observatorio que lo requerido por la Buitrera o solamente en un estudio para un tal Observatorio de su preferencia, tendría que utilizar otros recursos.

Además, teniendo en cuenta la inviabilidad declarada por secretaria de Planeación concerniente el proyecto del Observatorio Ambiental de la Buitrera (también por los próximos años) uno se pregunta cuál sería el propósito real de desviar recursos de la Buitrera hacia Univalle para un estudio extremamente costoso que nunca estará implementado.

Viabilidad de contratar al Comité Ambiental

El Comité Ambiental nunca solicitó ser contratado ni nunca tuvo el deseo de hacerlo. Afirmaciones de esta naturaleza son incorrectas y sin fundamento; al parecer solo tienen la intención de difamar el comité Ambiental y sus miembros. Como tal, las acusaciones en contra de la vecina y edil María Fernanda Franco de que ella estaría buscando su propio interés económico, no tienen ningún fundamento.

Existen ONG en la Buitrera que sí tienen la capacidad para cumplir con los requisitos con profesionales y colaboradores locales de la Buitrera. Lo que el COMITÉ AMBIENTAL tiene la intención de hacer es vigilar el desarrollo correcto del Observatorio con la aplicación racional de los recursos del presupuesto participativo generando empleo local.

En cuanto a “los principios de eficiencia e idoneidad” mencionados por Ingrid Gallegos, uno se pregunta si es más sensato confiar presupuestos a instituciones departamentales sujetas a presiones de carteles de contratación de la gobernación en vez de ONGs comunitarias locales vigiladas y controladas por la misma comunidad.

Existencia del Observatorio

La plataforma del Observatorio de la comuna 22 y su manejo por Dagma ha generado mucha critica de parte de las autoridades de control y de la misma comuna 22. Como consecuencia el Dagma perdió su certificación de monitorio de la calidad del aire por su manejo subestándar del Observatorio. La plataforma existente de la comuna 22 ni siquiera permite el acceso a la información histórica de las mediciones y no permite ningún análisis de los resultados. Como tal, el Observatorio Ambiental de la comuna 22 concebido por el Dagma perdió totalmente su aspecto “comunitario” y no brinda ninguna utilidad a la comuna. La percepción en las comunas es que el Dagma está más interesado en la contratación que en un desarrollo y manejo real de un Observatorio Ambiental Comunitario serio, técnicamente robusto y útil para la comunidad.

Por eso, el COMITÉ AMBIENTAL de la Buitrera decidió desarrollar su propio Observatorio Ambiental Comunitario incluyendo su propio sistema de monitoreo y análisis ambiental siguiendo otros estudios técnicos y diseños con (a nuestro criterio) un mayor rigor académico, una inversión más costo-eficiente y una participación efectiva de la comunidad en el diseño, implementación, control y seguimiento.

Dagma y el Presupuesto Participativo

En vez de utilizar los recursos del presupuesto participativo para la implementación de un Observatorio como aprobado por la comunidad y con características bien definidas, el Dagma decidió desviar los recursos a un convenio con Univalle extremamente costoso para un “diseño” (estudio) sin la aprobación de la comunidad y sin alguna utilidad aparente para la comunidad. Teniendo en cuenta la declaración de inviabilidad del proyecto por parte de PLANEACION, la decisión del Dagma de invertir semejante cantidad de dinero en un estudio que nunca estará implementado, “no cumple con los principios de eficiencia e idoneidad mencionados en el Art. 209 de la Constitución concerniente la ejecución de recursos públicos” (utilizando las mismas palabras de Ingrid Gallego).

Pretender que Univalle tiene el monopolio del conocimiento técnico y científico en Cali es incorrecto y presuntuoso. Pretender que la comunidad de La Buitrera no tiene la capacidad de desarrollar y manejar un Observatorio es incorrecto, denigrante hacia los profesionales y científicos locales y representa un menosprecio de las iniciativas existentes de ciencia ciudadana.

Conclusión

Las explicaciones de Ingrid Gallegos en defensa del Dagma no son suficientes para justificar el desvío de recursos del presupuesto participativo de La Buitrera para financiar, sin aprobación comunitaria, un convenio extremamente costoso que no cubre las necesidades de la Buitrera. El Dagma no está respetando las iniciativas existentes de ciencia ciudadana y está violando los principios de la participación ciudadana.

Las acusaciones en contra de nuestra vecina y edil María Fernanda Franco, buscando, según el “chisme de Ingrid Gallegos enviado a las redes sociales de La Buitrera” su propio interés económico a través del Comité Ambiental, no tiene ningún fundamento y se asemeja a difamación. Cada ciudadano, incluyendo los ediles de la JAL, tiene el derecho de denunciar irregularidades en la contratación pública. Es más, se supone que los ediles de la JAL tienen la obligación de vigilar y garantizar el debido proceso administrativo y de defender los derechos e intereses de su comunidad. Eso no es rebeldía sino un deber y obligación de un edil de la JAL.

Comentario General

La Jal nunca actuó de manera contundente para proteger los intereses de la comunidad y su presupuesto participativo
Al contrario, la carta de Ingrid Gallegos enviado con el acuerdo de 6 de los 9 ediles y sin dialogar con los otros 3 ediles, muestra muchos esfuerzos para proteger y justificar las actuaciones cuestionadas de la administración distrital en contra de los intereses de la comunidad.

Así nos preguntamos, como ciudadanos de sentido común, si la “institución JAL” sirve para otra cosa que defender los intereses de los partidos políticos dentro de la Administración municipal. Es muy claro que no defienden los intereses de su comunidad.